La reforma electoral vs el desafuero de ‘Alito’

El proceso para el desafuero de Alejandro Moreno, presidente del PRI nacional, solicitado por la Fiscalía de Justicia de Campeche por enriquecimiento ilícito, se presentó ante la Cámara de Diputados desde el mes de septiembre de este año, en pleno proceso de aprobación de las reformas constitucionales que extendieron la presencia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, hasta 2028, que finalmente fue apoyada por el bloque de diputados del PRI en la cámara baja y que trajo como consecuencia que el proceso fuera pausado, lo que no impidió que continuaran los ataques y difusión de conversaciones del líder nacional del PRI, en su paso por la gubernatura de Campeche, con diversos actores políticos de la vida nacional.

Estos diálogos se presentaron en el programa “La Hora del Jaguar” que se transmite todos los martes por la gobernadora Layda Sansores y quién se convirtió en una especie de fiscal ante la opinión pública para seguir atacando a Alejandro Moreno, cuya imagen ha sufrido un grave deterioro, convirtiéndolo en un personaje que lejos de fortalecer al PRI, ha sido denostado y un gran sector de militantes  y expresidentes del  partido, le han pedido renuncie, a fin de evitar que su permanencia, no sólo ponga en riesgo la alianza opositora con el PAN y el PRD, sino también que su desafuero se convierta en moneda de cambio con Morena para obligar a su bancada a apoyar las iniciativas impulsadas por el presidente López Obrador.

A pesar de todos estos argumentos, ‘Alito’ Moreno se ha negado sistemáticamente a renunciar a la presidencia del PRI por ahora, aunque ello también lo ha dejado fuera de una posible candidatura a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. También sabe que al conservar la Presidencia de su partido, le permite de alguna forma contar con un respaldo de la opinión pública y tener interlocución con el Gobierno de la República y con los líderes de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, que lo necesitan para sacar adelante otras reformas de interés para el Presidente.

Debido precisamente a la postura que ha asumido ‘Alito’ Moreno” al declarar que el PRI votará el martes próximo en contra de la reforma electoral impulsada por Morena, aunque se haya reabierto el proceso de su desafuero en la Cámara de Diputados, apoyando al bloque opositor; se demuestra públicamente una vez más que no hay mayor cambio en la forma que actuaban los gobiernos del “periodo neoliberal” al utilizar los procedimientos jurídicos como garrote político en contra de sus enemigos, ahora denominados “adversarios” por el Presidente, con lo que está haciendo Morena en el caso del desafuero de Alejandro Moreno, pervirtiendo un procedimiento legal, y negociando políticamente sólo en beneficio de sus intereses como partido en el poder; lo que desde mi punto de vista, los coloca en la posición de repetir lo que tanto criticaron al utilizar y corromper a las instituciones.

La marcha ciudadana del 13 de noviembre en defensa del INE fue la que motivó que el bloque opositor se reunificara convirtiéndose en una fuerza política que retomó la inconformidad de los manifestantes que rechazan la reforma electoral del Presidente y que de alguna manera les exigieron a sus diputados y senadores votar en contra de su aprobación

Los mismos dirigentes de los partidos de la Alianza, saben que en el caso de que prospere la reforma electoral no tienen ninguna posibilidad de que su candidato o candidata a la Presidencia de la República en 2024, logre ganar las elecciones, al no contar con un organismo electoral imparcial y además controlado por el Presidente López Obrador y su partido.

De ser rechazada como está previsto el dictamen de la reforma electoral por no contar con el número de votos suficientes para su aprobación la próxima semana, tocará ahora a la oposición ir en contra de las reformas a las leyes secundarias contenidas en el Plan B del Presidente, que incluye 30 iniciativas de reformas legales, entre las que destacan prohibir a los consejeros, una vez que dejan el cargo, contender durante 10 años por puestos públicos ni en tres años trabajar en otros órganos electorales. También propone quitar a la autoridad electoral la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas.

Mediante la modificación a seis leyes, se pretende recortar direcciones ejecutivas del INE y unidades técnicas del órgano electoral que hayan sido creadas por ley. Adicionalmente está otra reforma legal para castigar la compra de votos, no sólo a quién compra, sino también a quien vende. Actualizar las sanciones a quienes comprometan su voto en favor de un determinado partido político a cambio de paga, dádiva, promesa de dinero, u otra recompensa y a quienes organicen reuniones o medios de transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto. Se propone además la obligación del INE a proporcionar transporte para ciudadanos que vivan en zonas de alta o muy alta marginación, que desean ir a votar y que vivan alejados de donde está ubicada su casilla.

Otras propuestas que podrían ser integradas al dictamen del Plan B son la sanciones a quienes falsifiquen comprobación de gastos, el voto electrónico, la paridad de género y las cuotas en favor de los grupos vulnerables, entre otras.

Es evidente, que son muchos los puntos que están en juego de aprobarse la reforma electoral o el Plan B del Presidente y ya se han dado los primeros pasos para debilitar financieramente al INE y además contar con una estrategia que permita a Morena colocar a dos consejeros electorales en sustitución de los que terminan su encargo el próximo año.

Los mexicanos seremos testigos en las semanas próximas de cómo se desarrolla todo el proceso de rechazo de la reforma constitucional en materia electoral del Presidente o bien, si logra doblar una vez más al PRI negociando frenar de nueva cuenta el desafuero y probable encarcelamiento de su líder nacional a cambio de que le dé los votos necesarios para contar con la mayoría calificada.

Aunque al final, es posible que al entrar a la discusión del Plan B del presidente, el PRI negocie algunos de las propuestas y finalmente logre que Alejandro Moreno no sea enjuiciado por los delitos que se le imputan.

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