Durango, Dgo., 25 de agosto de 2025. – Irma Selene Soto Rodríguez, quien ha sido secretaria particular del actual gobernador Esteban Villegas desde 2007, presidirá el recién conformado Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Durango, tras obtener la mayor votación ciudadana con 153 mil 214 sufragios.
De acuerdo con el artículo 129 BIS de la Constitución local, el Tribunal estará integrado por cinco magistraturas electas por la ciudadanía y cada una tendrá una duración de nueve años en el cargo. La presidencia se renovará cada tres años de manera rotativa, correspondiendo en este primer periodo a Soto Rodríguez.
Además de la nueva presidenta, el Tribunal de Disciplina Judicial se conformará por:
- José Durán Barrera, actual consejero general de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Durango.
- Ángel Gerardo Bonilla Sauceda, magistrado del Tribunal Superior de Justicia desde 2021.
- Karen Flores Maciel, magistrada en el Poder Judicial de Durango.
- Ernestina Terán Rivera, ex agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado.
En el mismo proceso, la ciudadanía de Durango eligió 15 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia y una magistratura para el Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes, que será ocupada por Martha Elvia Astorga Rivas, quien obtuvo 164 mil 318 votos y continuará en el cargo.
Entre los perfiles electos para el Tribunal Superior de Justicia destacan:
- Brenda Lizette Acevedo Castañeda, ex subdirectora administrativa del Hospital General 450.
- Iliana Angélica Alvarado Salinas, vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación desde 2022.
- Luis Fernando Contreras Cortés, titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED.
El resto de las magistraturas fueron asignadas a juezas, jueces y perfiles con trayectoria dentro del Poder Judicial, algunos de ellos con vínculos familiares y políticos relevantes en la entidad.
Con esta elección, Durango se suma a las entidades federativas que han instalado Tribunales de Disciplina Judicial con el objetivo de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia dentro del Poder Judicial, aunque con el señalamiento de que varios de sus integrantes provienen de entornos cercanos a los gobiernos en turno.