No nos equivoquemos: lo que Morena hizo con el Instituto Nacional Electoral no fue un procedimiento institucional, fue una maniobra de poder.
Sin acuerdos, sin consenso y sin el mínimo interés por generar confianza, la mayoría oficialista decidió imponer a los nuevos consejeros. No construyó legitimidad, construyó control.
Y en democracia, controlar al árbitro es empezar a torcer el resultado.
El INE no es un espacio de cuotas ni una extensión del gobierno. Es el órgano que garantiza que el voto ciudadano valga lo mismo para todos. Pero hoy, ese principio está bajo amenaza.
Porque cuando quienes gobiernan también influyen decisivamente en quién organiza las elecciones, la línea entre competencia y simulación se vuelve peligrosamente delgada.
Morena ha seguido una ruta clara: primero desacreditó al INE, luego lo debilitó presupuestalmente, después lo presionó políticamente… y ahora lo ocupa.
No es casualidad. Es estrategia.
El problema no son solo los nombres, es el mensaje: el poder ya no quiere contrapesos, quiere control total del proceso democrático.
Y eso debería preocupar incluso a quienes hoy aplauden.
Porque la democracia no se pierde de golpe, se va erosionando poco a poco. Se normaliza la imposición, se minimiza la crítica, se justifica el abuso… hasta que un día ya no hay condiciones reales de competencia.
Hoy estamos viendo ese proceso en marcha.
Por eso hablar de “la antesala del fraude” no es exageración, es advertencia.
El fraude no empieza el día de la elección. Empieza cuando el árbitro deja de ser confiable.
Empieza cuando el poder decide que ya no basta con ganar, sino que también necesita asegurarse de cómo se juega el partido.
Y en ese escenario, el riesgo es claro: elecciones donde la incertidumbre no está en los votos… sino en quién los cuenta.
Porque cuando el árbitro tiene dueño, la democracia deja de ser elección y se convierte en simulación.