El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, dijo este domingo, que el organismo a su cargo abrirá unas 57.000 mesas de votación en la consulta para juzgar a expresidentes, que se llevará a cabo el 1 de agosto.
Además, informó de que más de 287.000 personas organizarán las mesas de votación. Éstos se elegirán entre quienes aceptaron participar como funcionarios de casilla en las elecciones del pasado 6 de junio y serán capacitadas por 9.360 instructores.
En un vídeo publicado en las redes, Córdova dijo que, aunque los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) «le negaron los recursos» para organizar la consulta popular, el INE organizará «el más amplio ejercicio de consulta ciudadana que se haya llevado a cabo en nuestra historia».
El pasado martes, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los ciudadanos votar en esta consulta pública, la primera en la historia del país para juzgar a los exmandatarios del «período neoliberal».
«Yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar por que se enjuicie a los presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete. Ahí está para que todos den a conocer su punto de vista, libremente», declaró López Obrador.
También criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) que había rechazado organizar la consulta con apenas 44,5 millones de dólares, y cuestionó el salario de los consejeros del INE, quienes, dijo, «ganan más que el presidente».
Sus declaraciones se produjeron tras publicarse la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta el 1 de agosto, con un periodo de difusión a partir del 15 de julio.
Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la «presunta comisión de delitos» de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Suprema Corte cambió el cuestionamiento.
«¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte el pasado octubre.
