En Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado se aprobó este lunes la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pasará el jueves al pleno. La reforma fue avalada por 8 votos a favor, 5 en contra y una abstención en la comisión de Estudios Legislativos Segunda, así como 9 votos a favor y 6 en contra en la comisión de Energía.
Las mayorías de Morena en las Comisiones del Senado aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Hidrocarburos, avalada el pasado 15 de abril por la Cámara de Diputados, tras el primer paso en la cámara revisora se prevé que el jueves de esta semana sea discutida y en su caso, aprobada por el pleno.
Esta reforma plantea modificar el almacenamiento interno mínimo de petrolíferos a las empresas participantes, negativa ficta en el procedimiento de trámite de permisos, revocación de permisos en caso de reincidencia por incumplimiento y por contrabando de combustibles, suspensión de permisos por “peligro inminente a seguridad nacional, energética o para la economía nacional”.
En el caso de que se suspenda una concesión, esta debe ser antecedida por una notificación al permisionario en la que se indiquen las causas que motivaron la suspensión. El permisionario contará con un plazo de quince días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
Otorga facultades a la Secretaria de Energía (Sener), así como a la Comisión Reguladora de Energía para revocar los permisos cuando se determine que los hidrocarburos fueron adquiridos de forma ilícita o mediante el contrabando en la modalidad conocida como “huachicoleo”.
Quienes soliciten permisos deberán demostrar cuando se les requiera, que cumplen con la capacidad de almacenamiento legalmente establecida.
También considera negados los permisos en el caso de que la autoridad no responda a la solicitud, lo que se conoce como “negativa ficta”; lo anterior, con el fin de que no se consideren otorgados en automático a entidades que no cuenten con la calificación o que tengan impedimentos legales para ello.
Además, establece la revocación del permiso a quienes alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, así como a aquellos que modifiquen sistemas, ductos o instalaciones sin autorización.
Hay que destacar que esta iniciativa presionará financieramente a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) la presión presupuestaria sobre la compañía para atender la demanda del país se dará en circunstancias financieras complejas que ya atraviesa la empresa y en un entorno de finanzas publicas con un margen de maniobra reducido.
Este escenario dificultará la liberación de espacio fiscal para inversiones productivas y protección social. Cabe mencionar que Pemex es la empresa más endeudada del mundo y su calificación crediticia se considera “bono basura” por Moody’s Fitch Ratings.
