Para impulsar la recuperación, tras la crisis por la pandemia del covid-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso a los países de la región hacer una reorientación del gasto público, así como fortalecer los ingresos públicos, una alternativa es crear un impuesto sobre el patrimonio. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, refirió que el impuesto sobre el patrimonio vuelve a estar en el debate global, forma parte de los ingresos a la propiedad y se aplica al patrimonio neto, que es la diferencia entre el valor de todos los bienes y derechos que posee la persona (activos), y el valor de las deudas que mantiene (pasivo; hay casos en que se aplica sobre el patrimonio bruto (sin descontar las deudas).
“Esto es valorar el alcance de los impuestos de la propiedad y el patrimonio y hacerlo, justamente, en un contexto de bajo ingreso tributario, de baja progresividad y de creciente desigualdad, eso lo proponemos seriamente”, indicó durante la presentación del informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021”. La titular de la Cepal destacó que en Estados Unidos hay una propuesta de impuesto anual de 2 por ciento a patrimonios netos, entre 50 y mil millones de dólares, con una sobretasa de 1 por ciento a patrimonios mayores a mil millones de dólares.
Además, en América Latina ya hay tres países que aplican un impuesto al patrimonio. En Argentina hay un impuesto extraordinario al patrimonio con el objetivo de financiar los costos de la pandemia a personas con activos superiores en alrededor de 2 millones de dólares. En Bolivia existe un impuesto recurrente a las grandes fortunas para gravar a personas naturales con patrimonios superiores a 4.4 millones de dólares; y en Chile existe un proyecto de impuesto por una vez a patrimonios superiores a 22 millones de dólares para financiar los costos de la pandemia. En México, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propuso gravar a las grandes fortunas para obtener recursos para combatir la pandemia del covid-19.
La secretaria ejecutiva de la Cepal añadió que otra propuesta es crear acuerdos multilaterales para establecer una tasa mínima global para el impuesto y la renta corporativa, “esto ya se está discutiendo, se ha hablado entre 21 y 25 por ciento, en eso está el debate internacional”, dijo. Añadió que otras propuestas son implementar un impuesto “solidaridad” o de la riqueza por ganancias sustanciales durante la pandemia para financiar la emergencia; consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones; impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública; y revisar y actualizar regalías de industrias extractivas.
La funcionaria de la Cepal resaltó la importancia de eliminar la evasión fiscal, pues en 2018, el incumplimiento tributario representó 6.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), equivalente a 325 mil millones de dólares al año. Además, señaló que es necesario reducir la evasión de las corporaciones multinacionales y de personas físicas a través de paraísos fiscales y traslado de beneficios, así como crear acuerdos multilaterales para reducir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Reorientación del gasto público Bárcena afirmó que la recuperación económica también requiere orientar estratégicamente el gasto público hacia el mantenimiento de transferencias de emergencia durante 2021; apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes); e inversión intensiva en empleo decente en sectores estratégicos con igualdad de género. Asimismo, añadió, el gasto debe crear incentivos al desarrollo productivo de cara a la revolución digital, la sostenibilidad y la acción climática con cara a la revolución digital, la sostenibilidad y la acción climática con energías limpias; y a la universalización de sistemas de protección social, salud, cuidado y la educación.
La Cepal sostuvo que la inversión debe tener una mirada estratégica, mediante una interacción virtuosa entre la construcción de un Estado de bienestar con transformación productiva, con cambio técnico, empleo formal y construcción de capacidades endógenas. Para lograr esto, ha identificado ocho motores para un nuevo estilo de desarrollo que puedan potenciar competitividad, empleo y bajar la huella ambiental, así como reducir las desigualdades socioeconómicas y de género.
