Fin de semana sangriento el que vivieron dos de nuestros pueblos mágicos, Chignahuapan y Zacatlán. En el primero murieron dos elementos policiacos y en el segundo dos jóvenes estudiantes asesinados por un sujeto.
En columnas anteriores, les mencioné que Zacatlán tenía (porque ya no están), entre sus servidores públicos más destacados, los nexos con el crimen organizado que opera en esa entidad. Que por cierto no se nos olvide que en temas de operatividad, fue en ese municipio en el que detuvieron en un bar en el que aseguran se vende droga, a Erick Cotoñeto, ex operador político de Miguel Barbosa, y además dueño de ese establecimiento.
Los funcionarios de Zacatlán que renunciaron o los hicieron renunciar, incluido el tesorero municipal, eso no nos quedó claro, pero lo que sí es evidente, es que entre esos dos municipios que son vecinos, no sólo hay una estrecha distancia, sino también una conexión entre células criminales que ya se apoderaron de la seguridad.
Durante la conferencia matutina de este lunes, el gobernador Miguel Barbosa reconoció lo que ya sabemos, que en Chignahuapan si falta seguridad y que si operan bandas criminales, pero intentó limpiar el cochinero con la clásica frase de “así estaba desde el 2018”.
Lo peor de su puntada fue afirmar que uno de los elementos policiacos asesinados contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado y que la Fiscalía General del Estado, según, se encargará de resolver la investigación, entonces ¿en manos de quién está la seguridad de los poblanos? ¿De bandas delincuenciales o de policías que cuentan con antecedentes penales?.
Mientras la Fiscalía se inventa algo para calmar la tempestad, los presidentes municipales de Zacatlán y Chignahuapan, José Luis Márquez y Lorenzo Rivera respectivamente, tienen que ponerse a trabajar de manera coordinada para salvaguardar sus administraciones en materia de seguridad, de no hacerlo, probablemente las investigaciones ahora sean hacia ellos.
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