La aprobación de esta Ley está generando descontento en el sector inmobiliario local. Ricardo Serrano, representante del sector, declaró que solo hará mas grave los problemas que ya arrastra el estado en la realización de trámites y de escrituras.
Esta ley fue sugerida como propuesta por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, y fueron los representantes de Morena en el Congreso quienes la aprobaron, sin tomar en cuenta las propuestas de las representantes de PAN y PRI.
Esta Ley incorpora nuevas sanciones y procedimientos para incrementar la vigilancia de los fedatarios públicos quienes por primera vez deberán de someterse a procesos de actualización o certificación permanente, pero sobre todo expandir el número de notarías de las 130 que actualmente existen aumentar a 305. Esta establece que podrá haber un funcionario investido de fe pública por cada 20 mil habitantes, cuando en la ley anterior la proporción era de uno por cada 50 mil personas.
El representante del sector inmobiliario reprocha que no se haya tomado en cuenta al Colegio de Notarios y organismos profesionales que tienen relación directa en la notaria. Destacó que la lentitud en trámites notariales se localiza más en el gobierno estatal y no tanto en las notarías, pues corresponde al poder público legalizar los documentos respectivos. Sin embargo, priva la burocracia y no existe suficiente equipo humano y tecnológico para dar salida a los trámites, como puede ser la revisión de escrituras para evitar la inclusión de documentos apócrifos.
Serrano Lizaola consideró que con esta nueva legislación habrá más burocracia y se afectarán los derechos de la ciudadanía
La Consejería Jurídica, encabezada Ricardo Velázquez Cruz, tendrá un papel trascendental en las nuevas disposiciones que buscan una mayor vigilancia sobre la actuación notarial.
Esta ley determina que la Dirección General del Notariado “vigilará el correcto ejercicio de la función notarial”, esa atribución la ejercerá a través de “inspectores de notarías” que serán nombrados por la Consejería Jurídica.
A su vez la Consejería Jurídica tendrá la facultad de designar a dos de las cinco personas que formarán parte de un comité técnico responsable de la actualización o certificación notarial. El resto de los integrantes serán el titular de la Dirección General del Notariado y dos representantes del Colegio de Notarios.
La nueva ley incorpora nuevas sanciones para los notarios públicos en caso de que obstruyan las inspecciones. De hacerlo por vez primera se harían acreedores a una amonestación escrita; en caso de reincidencia, a una multa de una a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización.
