La Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 «constituyó un crimen de Estado» y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida. Estas conclusiones preliminares fueron presentadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
El reporte está basado en más de 41.000 documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos de torturas de detenidos del caso.
El informe estableció que en el crimen «concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».
Tras la desaparición de los estudiantes, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) estableció una versión oficial llamada «verdad histórica».
La verdad histórica:
Dicha versión decía que policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al grupo de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos.
Según la PGR, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula, también en Guerrero.
En julio de 2020 la «verdad histórica» fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios. Entre ellos, el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón, quien se encuentra fuera del país.
«La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes», dice el informe reciente.
