Pareciera que un hecho cómo la esclavitud infantil en nuestro país, es cosa ya del siglo XIX o XX, que nos hace ecos de tiempos de la industrialización, el rezago del campo y las desigualdades sociales todavía latentes.
En el caso en cuestión, la esclavitud infantil en México se refiere a la explotación de niños y niñas en diversas formas, incluyendo el trabajo forzado, en el campo, trata de personas, lo que ha traído el abandono o deserción en las escuelas.
Según investigadores de la UNAM, tan sólo en México hay más de 2 millones 500 mil niños trabajadores, el 8.4 por ciento de la población infantil que labora se concentra en los estados de Colima, Guerrero y Puebla, esto apenas en el 2022.
De acuerdo con el informe «Niños y Niñas Esclavizados en México» publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019, se estima que hay alrededor de 380,000 niños y niñas esclavizados en el país.
La mayoría de los casos de esclavitud infantil en México se relacionan con el trabajo forzado, particularmente en sectores como la agricultura, la construcción, la minería y el trabajo doméstico. La trata de personas con fines de explotación sexual también es un problema grave, especialmente en zonas turísticas y fronterizas.
Cabe señalar que a menudo son víctimas de violencia y abuso físico, emocional y sexual. Además, temas como la pobreza, la exclusión social, la discriminación y la falta de acceso a la educación son factores que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños y niñas a la esclavitud infantil.
Sin embargo, en pueblos originarios y las comunidades rurales son particularmente afectados por la esclavitud infantil, debido a la falta de oportunidades económicas y a la discriminación que enfrentan. Particularmente en los primeros resulta un poco más complicado debido a los usos y costumbres, por lo que las defensorías u organismos de Derechos Humanos.
El trabajo infantil no viene a ser un tema ajeno a la sociedad, pues estas prácticas ya se venían llevando a cabo desde la época prehispánica, sin embargo, la finalidad era forjar su carácter e impedir que se volvieran flojos, pues también se inculcaba a los niños y niñas que aprendieran diversas expresiones artísticas, como el baile, la música, el canto y conocimientos de historia, matemáticas, escritura e interpretación del calendario y de los códices (Pérez, 2009)[1]
Hay datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los niños y niñas indígenas representan aproximadamente el 10% de la población infantil en México, pero constituyen casi el 40% de los niños y niñas trabajadores en el país. Además, los niños y niñas indígenas tienen mayores tasas de abandono escolar y menor acceso a servicios de salud, lo que los hace más vulnerables a la esclavitud infantil.
Además, hay casos documentados de esclavitud infantil en comunidades indígenas y pueblos originarios en México, incluyendo la servidumbre por deudas, el trabajo forzado en la agricultura y la explotación sexual. Estos casos son a menudo difíciles de detectar y combatir debido a la falta de acceso a estas comunidades y la falta de recursos para investigar y procesar a los responsables.
Los hallazgos sobre violaciones a los derechos de los niños y niñas se han dado dentro de maquiladoras de mezclilla, entre 2016 y 2017 respectivamente, en el municipio de Ajalpan, Puebla. Lo anterior está profundizado en un estudio de Joaquín Cortez de la UNAM.
Sin embargo, la falta de recursos, la corrupción y la falta de aplicación efectiva de la ley son obstáculos que dificultan la lucha contra la esclavitud infantil en México.
Debemos destacar el importantísimo papel de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, así como otros actores sociales también desempeñan un papel importante en la lucha contra la esclavitud infantil en México, a través de la promoción de los derechos de los niños y niñas, a través de las denuncias en casos de explotación.
Una propuesta sería la instalación de mesas de trabajo, consejos consultivos con gobierno y sociedad civil a través de esfuerzos colaborativos para generar una política de Estado o bien política pública para dar solución a esta problemática.
Pero más allá de la voluntad política y presupuestaria de generar lo anterior, es pertinente legislar al respecto, considerando incluso un Parlamento Abierto con los actores considerados anteriormente, para llevar a buen puerto una Ley que sancione estas acciones que van en contra de los derechos de la infancia.
Finalmente resulta necesario el trabajo conjunto entre los organismos garantes de Derechos Humanos, el gobierno y la sociedad civil organizada para que este problema pueda tener una solución que garantice una sana infancia en el estado de Puebla como para el país.
[1] Pérez, M. (2009), La relevancia de la participación infantil en la economía de México, 1994-2004, Ciudad de México, Colmex.
Dra. Mónica Roldán Reyes
Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos
