La consulta sobre la revocación del mandato presidencial ha sido uno de los temas polémicos de la administración de Andrés Manuel López Obrador en México. Sobresale entre muchos otros que también han tensado el ambiente, entre los que están a favor y quienes están en contra.
López Obrador subraya que su gobierno está siendo víctima de un golpe de Estado. “¿A qué están apostando? —preguntó el mandatario en una conferencia—. Al golpismo mediático, no es que haya un golpe de Estado militar (…) quieren tener al gobernante que se les arrodille, en salmuera, a fuego lento. Buscan socavar la autoridad, por eso hablo de golpismo”.
Con este argumento, el gobierno justifica la amenaza de encarcelar a las personas consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE). Además de la acusación de que están escondiendo casillas, la reducción del presupuesto para realizar y otorgar certidumbre a la consulta, la propaganda ilegal y el decreto aprobado recientemente. Para permitirle al presidente y cualquier otro funcionario hacer promoción de la misma.
¿Dónde se torció la revocación? Una respuesta simple lleva a decir que desde el momento en que las personas que la promovieron no querían una revocación de mandato presidencial, sino su ratificación. Luego se añadió como problema que la recolección de las firmas para respaldar esa solicitud no fue un esfuerzo emprendido por ciudadanas y ciudadanos apartados de la política partidaria, sino por líderes afiliados a Morena, el partido del presidente. Concretamente, por exlegisladores y personas funcionarias que trabajaron para diversas bancadas legislativas de ese partido.
También ha sido un problema la opacidad sobre el financiamiento que se ha empleado. Tanto para la organización de asambleas y reuniones dedicadas a recabar firmas, como para hacer propaganda a favor de la consulta. Esto último se ha vuelto un problema serio para las autoridades electorales. Pues han ordenado retirar la propaganda masiva que no cumple con los criterios de ley.
En este contexto tan polémico, no se le ha prestado la atención suficiente a la organización política que se encuentra detrás de la consulta y también de la campaña a favor de la ratificación: “Que siga la democracia” es una asociación registrada de Coahuila en octubre de 2021 por personajes de la vida pública. Es responsable de 80% de las firmas presentadas ante el INE para solicitar la consulta de revocación. Además, ha sido la principal plataforma de la campaña “Que siga #AMLO”. En ella se diseñaron los anuncios exhibidos en el país, así como del resto del material promocional. No hay evidencia todavía de que “Que siga la democracia” haya contratado y pagado los espacios publicitarios referidos, y al final será el INE quien determine si es cierto.
Sin embargo, no hay duda de que detrás de esta organización se encuentra gente de Morena. Son cuadros destacados como Sergio Pérez Hernández, Katia Castillo Lozano, Juan Enrique Ferrera Esponda y Marco Antonio Andrade Zavala. A estas cuatro personas les une haber sido derrotados en las pasadas elecciones intermedias de 2021 y también haber sido convocados para promover la consulta. Se suma a esta lista Lizette Vázquez Sánchez, quien fue candidata suplente a diputada federal.
La organización la encabeza una panista conversa de nombre Gabriela Jiménez Godoy. Entre 2012 y 2021 ella fue funcionaria de la Cámara de Diputados. Trabajó para las bancadas de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que hoy son la oposición. En 2018 compitió por una diputación bajo las siglas de ambos partidos, la cual perdió. Durante ese año la nombraron directora general de servicio a diputados. Cargo que obtuvo gracias a la anuencia de la fracción morenista en la Cámara Baja.
En 2021 Jiménez Godoy volvió a contender por una diputación federal, esta vez por Morena, pero fracasó de nuevo. Sin embargo, tres meses después creó “Que siga la democracia”. Desde esta asociación, se ubicó en el ojo del huracán de la polémica revocación de mandato.
Aunque la ley prohíbe que los partidos políticos sean promotores de dicha revocación, el vínculo de estos personajes con Morena es imposible de ocultar. Se añade como irregularidad que la autoridad electoral desconoce el origen del financiamiento que permitió a “Que siga la democracia” organizar la recolección de 8.9 millones de firmas, entre octubre y diciembre de 2021. Así como la eventual contratación de espectaculares.
Por el momento la revocación de mandato va y es un hecho que debemos participar todos los mexicanos. Como lo dije la vez pasada es un ejercicio que hará que crezca la democracia y que solamente el tiempo no dirá si realmente funciono.
Saul Israel Carreto Martínez
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