Tras amargas discusiones para renegociar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, el TMEC, que entró en vigor en medio de la pandemia, está lejos de haber puesto fin a las fricciones comerciales entre los tres países. Pero podría, bajo el liderazgo del gobierno de Joe Biden, cambiar la situación en términos de legislación laboral.
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) celebrará el jueves su primer año de existencia. El 1 de julio de 2020 reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) que estaba en vigor desde 1994, a instancias de la administración de Donald Trump.
Los tres socios siempre dijeron que este nuevo tratado sería beneficioso para sus economías y sus trabajadores. Pero durante el último año se ha ampliado la gama de litigios entre Estados Unidos y Canadá por un lado, y Estados Unidos y México por el otro.
Ciertamente, el TMEC eliminó una “nube de incertidumbres” y por lo tanto mejoró el clima empresarial, una condición sine qua non para promover el comercio y la inversión, subraya Jeffrey Schott, experto del centro de análisis Peterson Institute for International Economics. Pero, paradójicamente, favoreció el surgimiento de numerosos conflictos.
“El NAFTA era la visión de un mercado único norteamericano que poco a poco se iría integrando cada vez más, un poco a imagen de la Unión Europea, aunque sin llegar tan lejos como la UE”, recuerda Edward Alden, experto del Consejo de Relaciones Exteriores.
“El TMEC fijó las normas para que las tres economías distintas de América del Norte cooperen allí donde puedan, en tanto fijó reglas para combatir donde no puedan”, agregó.
Por lo tanto, se verá un aumento del número de litigios en los próximos años, pues con “el marco de estas reglas, (los países) actuarán según sus propios intereses, de forma bastante agresiva”, estimó.
Desde la histórica disputa sobre los productos lácteos y la madera para la construcción hasta los paneles solares de Canadá y los impuestos a las empresas digitales de Estados Unidos, la lista de áreas de desacuerdo entre Washington y Ottawa crece.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, quien negoció las disposiciones relativas a las normas laborales del TMEC, dijo que defenderá los intereses de Estados Unidos, empezando por los productores de leche del país.
Se estableció recientemente una comisión especial para solución de controversias, prevista por el acuerdo comercial, para examinar la cuestión de las cuotas lácteas impuestas por Ottawa.
Para François Dumontier, portavoz de la asociación de productores lácteos de Québec, el TMEC no ofrece “ninguna ventaja”.
Incluso considera que ciertas disposiciones del tratado son “un ataque a la soberanía canadiense”, restringiendo sus exportaciones al tiempo que permiten más importaciones desde Estados Unidos.
Por su parte, David Salmonsen, dirigente del sindicato agrícola estadounidense American Farm Bureau Federation, reconoce la larga lista de disputas, pero quiere ser optimista.
“Tendremos una mejor visión (del estado de la relación comercial) una vez que todas las economías se hayan recuperado de la pandemia”, dijo. Ante la ofensiva estadounidense en el sector lácteo, el gobierno canadiense se centró en el sector de los paneles solares.
Recientemente solicitó la formación de un grupo de solución de controversias ante la aplicación de aranceles estadounidenses del 18% a esta industria.
Pese a estas escaramuzas, Valeria Moy, economista y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cree que “globalmente” no hubo en el año transcurrido un “cambio radical con respecto al NAFTA”. Sin embargo, espera que el TMEC influya en las leyes laborales de México en el futuro.
