La semana pasada fue enviada por el Ejecutivo Federal, la propuesta de reforma en materia electoral a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación; es preciso mencionar que el partido en el gobierno y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada para que esta pase de forma automática, por lo que, tendrá que abrir espacio a la negociación con los demás grupos parlamentarios; sin embargo, este hecho marca un punto importante tanto en la agenda legislativa como en la personal del presidente por varias razones.
Una de ellas es que, es una de las principales reformas que quiere materializar a como dé lugar. Se ha vuelto una especie de tradición, que casi todos los presidentes en su mandato hayan buscado cambios a la legislación electoral, algunas veces lográndolos y otras no, por lo que, el Obradorismo no pretende quedarse atrás.
Apoyándose en su narrativa de combate a los fraudes electorales, el abaratamiento de un órgano comicial, la centralización de los procesos electivos y una verdadera ciudadanización del instituto busca descabezarlo discrecionalmente para alinearlo a sus intereses y ponerlo a merced de la “voluntad popular”.
Idea potencialmente peligrosa para nuestra joven democracia liberal, ya que, politizar un órgano autónomo y más aún, cuando es el encargado de regular el acceso de quienes buscan ejercer el poder político por la vía pacífica e institucional, significaría un retroceso en términos democráticos y una eventual derrota para aquellas generaciones que lucharon por una figura autónoma, confiable y profesional que garantice la protección y validez del sufragio ciudadano.
Resulta un poco inusual y contradictorio cómo la figura que más se ha beneficiado de los cambios en materia electoral, y que en su momento, impulsó férreamente, hoy quiera debilitarlo y avasallarlo por representarle incomodidad y resistencia a su discurso autoritario.
Así es, el INE es de las pocas instituciones a las que no ha podido doblegar durante estos cuatro años, ha resistido a pesar del sofocamiento presupuestal, de los señalamientos emitidos en Palacio Nacional y de los linchamientos mediáticos que se han fraguado en contra de sus titulares y, en específico, de los integrantes del Consejo General.
Hay que decirlo, esta institución no es intocable (ni debe serlo), al contrario, es perfectible y moldeable; bienvenida la crítica, las propuestas, las ideas y todo aquello que sume para aprovechar esas áreas de oportunidad existentes partiendo de un diagnóstico real y comprometido con la democracia, no aquellas acciones que surjan a partir de juicios coléricos y mentes nubladas por el rencor.
Esta reforma se lee más como una especie de venganza que una idea de mejora a los procesos comiciales que, por ende, contribuyan al desarrollo de la democracia mexicana. Es decir, es un aviso de que el árbitro está en la mira del movimiento “transformador.”
Tan así que, mientras más avanza el sexenio más peligra el instituto y nuestra democracia, sumado a eso es importante señalar que, para el año entrante se habrán de renovar cuatro consejerías de las once existentes, entre ellas su presidencia. Tema preocupante porque, como lo demuestran los hechos, se apostará por una figura a modo, que converja con el gobierno actual y se dedique a complacer los mandatos presidenciales.
No está por demás mencionarlo, la defensa de una institución que representa el legado de una sociedad cansada de gobiernos hegemónicos, la lucha por la alternancia y la pluralidad política, el reflejo del respeto a los votos y el impulso por una nación democrática nos corresponde a todas y todos los que integramos la sociedad civil.
La defensa del INE nos compete a todas las personas que discernimos de las actuales decisiones políticas. Es necesario hacer conciencia sobre el riesgo que corre nuestra democracia apenas en desarrollo y es nuestro deber proteger todo lo que se ha logrado.
Víctor Manuel Cruz Martínez
Politólogo, analista político, experiencia en la rama electoral y la administración pública.
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