Últimamente las fuerzas armadas han estado involucradas en tareas de seguridad pública y en proyectos del Gobierno en México, otorgando advertencia en materia de respeto a los Derechos Humanos y de transparencia- menciona Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en este país.
Guillermo Fernández Maldonado, mencionó que existen riesgos al destinar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.
“Existen ciertos parámetros al respecto, porque se habla de distintos cuerpos entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra” comentó Fernández Maldonado.
Dicha mención, la Amnistía internacional comenta que las fuerzas de seguridad siguen llevando a cabo detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza, siendo el Gobierno de López Obrador desplegó más militares en la estrategia de seguridad, que las dos candidaturas anteriores. Comenta el representante de ONU-DH, que la decisión del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de conferirle a las fuerzas armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, dicha candidatura debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.
El Gobierno de López Obrador ha puesto a las fuerzas armadas la construcción de un aeropuerto; la administración de aduanas y de puertos, y en diciembre dio a conocer que el Ejército controlará las operaciones y ganancias generadas a través del proyecto conocido como Tren Maya, que está en construcción y recorrerá la península de Yucatán.
El comisionado dijo que se han llegado avances en el plan para capacitar en materia de derechos humanos a los elementos de la Guardia Nacional, hecha por el gobierno de López Obrador y que está conformada principalmente por integrantes de las fuerzas armadas que fueron transferidos a la agencia policial.
Con la finalidad que, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en enero pasado, ha recobrado fuerza un plan anunciado en 2019 para impulsar el desarrollo del sur de México y de países de Centroamérica.
