Pide Partido Verde elevar sanciones a quien descargue ilegalmente aguas residuales en zonas naturales protegidas
La diputada Federal de la LXV Legislatura, Janine Patricia Quijano Tapia, propuso una iniciativa para incrementar sanciones a quien, de forma ilícita, descargue aguas residuales o desechos provenientes de granjas y rastros animales en zonas naturales protegidas, aumentando tres años más a la pena de cárcel y la sanción económica con mil días de multa.
La legisladora del Partido Verde señaló que son las personas morales, es decir, las empresas, las que incurren en mayores daños ecológicos con efectos irreversibles, como en el caso de Yucatán, aún y cuando la Ciudad de Mérida encabeza el índice de ciudades con mejor calidad de vida, según el Índice de Ciudades Prósperas de la Organización de las Naciones Unidas.
«Resulta imperante la necesidad de fortalecer la legislación nacional, de brindarles a los estados y municipios las herramientas necesarias para una eficaz aplicación del marco normativo que permita la protección del medio ambiente, es decir, fortalecer el andamiaje legal e institucional para proteger este elemento vital para todos los mexicanos, que es nuestro medio ambiente, de lo contrario, los daños ocasionados, son irreversibles», subrayó la legisladora ecologista.
Quijano Tapia añadió que la propuesta busca que, si bien cualquier lesión o alteración al medio ambiente resulta incalculable, porque se puede hablar de pérdida de especies, recursos naturales, flora, e incluso afectación a la salud de las personas, es necesario el establecimiento de sanciones económicas y las medidas de reparación o compensación por el daño ocasionado, mismas que deberán servir para mitigar la afectación y/o evitar que se siga propagando.
«Los daños ambientales son autónomos y diferentes de los daños personales, por lo que, en ocasiones, es posible que una conducta produzca, además de daños al ambiente, lesiones a particulares. En estos casos es necesario hacer una distinción, ya que la reparación de los elementos ambientales beneficia a toda la sociedad, mientras que la reparación de las lesiones a particulares podrá darse a través de indemnización, tomando en cuenta el daño ocasionado», expuso.
