De acuerdo con lo sucedido en la primera semana del año, México vivió los primeros asesinatos contra actores políticos que aspiraban a contender en las elecciones del 2 de junio de este 2024.
Propiciando campañas en medio de la violencia en contra de dirigentes, aspirantes, precandidatos y candidatos; los datos de firmas consultoras lo confirman, la violencia se ha incrementado en cada proceso y a nivel municipal se presenta el mayor riesgo.
Armando Vargas, consultor senior en la Unidad de Riesgo Político de Integralia, dice que; “Es altamente probable que 2024 sea el año con mayor número de agresiones y asesinatos a candidatos y precandidatos en la historia del país”.
Históricamente, el blanco de los ataques ha sido contra personajes que ocupan cargos municipales o aspiran a ser alcaldes, regidores o síndicos; ahí se concentra más de 71% de los casos. Y por partido, en los últimos seis años los más atacados están vinculados a Morena, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) o a sus gobiernos.
Ahora, en el actual proceso electoral, expertos en violencia política advierten que éste será el más violento, de entrada porque con 20,367 cargos a elegir, estarán en circulación más de 50,000 aspirantes a diversas posiciones.
Además, porque se renovarán presidencias y cargos municipales en 30 de 32 entidades y es ese nivel de gobierno donde el crimen organizado, que se considera principal instigador de la violencia contra los políticos, centra sus agresiones.
Del total de los cargos a elegir 19,739 serán locales. De ellos 18,200 en la célula territorial básica del Estado mexicano: 1,802 alcaldías o presidencias municipales (sólo en Durango y Veracruz no se elegirán este año), 1,975 sindicaturas, 14, 423 regidurías y 431 cargos auxiliares. También estarán en juego ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la ciudad y 1,098 diputados de congresos locales.
¿Hay solución a la violencia política?
Armando Vargas, el investigador de Integralia, plantea que la única forma de acabar con este tipo de violencia política, es combatir la delincuencia común y el crimen organizado.
El objetivo sería dar seguridad a las personas políticamente expuestas, basados en inteligencia “y también a sus entornos cercanos, familiares, además de autoridades electorales”, lo que sería fundamental para que la jornada electoral trascurra con seguridad, puntualiza Vargas.
