Los grupos legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), presentaron en Oficialía de Partes del Poder Legislativo, iniciativa de ley para reformar la Constitución local y establecer como requisito imprescindible para ocupar cargos públicos, el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimentaria, sin estar catalogados como personas deudoras alimentarias morosas.
La presidenta de la Comisión de la Familia y Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, diputada Mariela Morán Ocampo, precisó que las familias queretanas no pueden estar en manos de evasores, pues las omisiones hacia estas, pueden convertirse más adelante, en faltas de responsabilidad de servidores públicos, afectando a la ciudadanía en general, por ello, se atenderá la reforma a los Artículos 38 y 102 de la Constitución federal y se modificarán los artículos 8, 17 y 28 y 30 Bis de la Constitución local, estableciendo como requisito imprescindible para ocupar cargos públicos, el cumplimiento y las obligaciones de pensión alimenticia.
“Debemos asegurarnos de que aquellos que ostentan responsabilidades públicas sean ejemplo de compromiso, ética y solidaridad”, subrayó.
La legisladora informó que, según datos del Inegi, en el país tres de cada cuatro hijos de padres separados no están recibiendo su pensión alimentaria, cifra que los obliga como diputados a reflexionar y tomar acciones, ya que esta omisión impide a los menores a acceder a una vida digna, privándolos principalmente, de la alimentación suficiente, servicios de salud, de un entorno seguro y de un desarrollo integral que necesitan.
“Este es un mensaje claro de que, en Querétaro, la familia es una institución valiosa y que los deudores alimentarios morosos no serán tolerados y mucho menos en puestos de responsabilidad pública. Con este paso se fortalecerá el frente de protección a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, rompiendo la barrera de indiferencia y fijando la ética como un valor esencial de la vida pública”, precisó Morán Ocampo.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Liz Selene Salazar Pérez, indicó que, como diputados, serán defensores y se trabajará cuanto sea necesario para establecer los candados necesarios para que este tipo de personas no puedan ser gobernador, diputado o miembro de algún ayuntamiento, es decir, que no puedan acceder a cargos de elección popular y que, además, tampoco puedan ser nombradas por ninguna encomienda en el servicio público.
El diputado por Querétaro Independiente, Manuel Pozo Cabrera mencionó que el padrón único será competencia del Sistema Nacional DIF, alimentado por las distintas entidades federativas, por lo que el Estado se debe adecuar a lo que la norma suprema señala. El legislador consideró que como política pública es más efectivo tener un listado nacional, que uno local.
