Soy uno de los más de 30 millones de ciudadanos que en 2018 votaron por una transformación radical en el país. Soy uno de esos que no se compra la idea de la completa transición mexicana y el establecimiento de una democracia liberal que se consolidó en el 2000. Más bien creo que el país pasó de un autoritarismo unipartidista a, en el mejor de los casos, una “democracia electoral”, como algunos académicos llaman al sistema en el que se tiene libertad para elegir a los gobernantes, pero no en el que se tiene el poder para que las instituciones se comporten de manera democrática, con todo lo que eso implica. Además, creo que esa democracia electoral está en retroceso, no ahora sino desde hace tiempo, y que poco sirve para que los ciudadanos ejerzamos todos nuestros derechos de manera activa. ¿En qué democracia liberal los periodistas son asesinados por el Estado por el simple hecho de ejercer su profesión? ¿En qué Estado democrático el ejército viola sistemáticamente los derechos de civiles? ¿En qué país democrático el presupuesto no tiene un verdadero control institucional? ¿En qué Estado de Derecho la impunidad es casi del cien por ciento? No, yo no escribo esta columna para hablar del extraordinario país en el que vivíamos antes de 2018, sino para expresar la enorme extrañeza que me provocó ver que su gobierno es, simplemente, la continuidad de un régimen insensible e ineficiente.
A casi tres años del inicio de su gobierno, no encuentro indicadores con los cuales defenderlo. La inseguridad está en su punto máximo. Desde el primer día de su gobierno y hasta marzo de 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado 80 mil 534 homicidios dolosos. Es decir que en 28 meses del gobierno actual se registraron 10 mil 483 homicidios más que durante los últimos 28 meses del gobierno de Peña, cuando la misma institución contabilizó 70 mil 51 homicidios dolosos. Usted dirá que eso se debe a la tendencia homicida que ya experimentaba el país y que fue consecuencia de la frívola y estúpida guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón, quien solo le dio un golpe al avispero. Es cierto, pero entonces ¿por qué agudizar una estrategia de seguridad pública de corte militar, siendo que la estrategia ha fracasado por 15 años? Usted dirá que no ha militarizado nada, pero para muestra varios botones.
Diversos académicos han identificado la militarización como el uso de las Fuerza Armada Permanente en tareas desligadas a la defensa nacional, misma que puede ser de dos tipos[1]: la activa o directa, que se refiere al despliegue militar con fines relativos al control interno; y la pasiva o indirecta, que consiste en la transformación paulatina de las policías con características civiles a unas con elementos de fuerza armamentística, disciplina y táctica militares. La creación de la Guardia Nacional es un claro ejemplo. Aunque la Ley establece que debe ser una corporación de corte civil, está integrada fundamentalmente por militares. De entrada, su titular es un militar en retiro y mientras que la extinta Policía Federal, hasta abril de 2020, solo había aportado 18 mil 240 de un total de 96 mil elementos[2], se sabe (gracias a solicitudes de información hechas por el Observatorio de la Guardia Nacional) que la Policía Militar y la Policía Naval habían aportado hasta esa misma fecha, al menos, 61 mil 555 elementos a la GN (51 mil 249 provenían de la SEDENA y 10 mil 306 de la SEMAR). A esto, hay que añadir diversas decisiones extremadamente polémicas, como la publicación del acuerdo del 11 de mayo de 2020 en el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta el 2024[3], lo que hace explícita la participación formal de las corporaciones militares en tareas civiles, así como el incremento sustantivo del presupuesto para el Ejército y la Marina que para 2019 y 2020 en conjunto recibieron 339 mil 140 millones 529 mil 224 pesos. Solo los recursos aprobados para la SEDENA en 2019 equivalieron a 125 mil 753 millones 562 mil 602 pesos, para 2020 ascendió a 127 mil 586 millones 479 mil 840 pesos y para 2021 llegó a los 148 mil 33 millones 884 mil 167 pesos, la cifra más alta que se ha aprobado para el orden militar[4]. El incremento real entre 2019 y 2021 fue de 11%. Asimismo, las nuevas capacidades de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en materia de seguridad pública que usted y su partido en el Congreso aprobaron prendieron los focos rojos de cualquier demócrata. Incluir en la legislación que los elementos de seguridad (o sea los guardias y los militares) pueden hacer uso de todos los niveles de la fuerza pública, entre las que se encuentran el uso de armas de fuego y el uso de la fuerza letal, así como utilizar armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas que sean calificadas, sin fundamentos claros por la autoridad, como no pacíficas o carentes de objeto lícito es simplemente excesivo. La propia CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad debido a que la ley referida no cumple con los ordenamientos constitucionales mínimos necesarios para garantizar diversos derechos humanos[5]. Usted, presidente, empujó este modelo de seguridad a pesar del fracaso que ha tenido y de haber repetido, durante años, que los militares deberían estar en los cuarteles[6].
En el terreno de la transparencia y el combate a la corrupción, usted se repite mentiras imposibles de creer. Todos los días asegura que la corrupción se terminó, a pesar de los más de 800 millones de pesos no comprobados por Bartlett, de las fuertes acusaciones contra Alfonso Romo por la explotación de agua en Yucatán, de los nexos entre Javier Jiménez Espriú y Odebrecht, así como las irregularidades que tanto la declaración patrimonial del ex secretario de comunicaciones y transportes como la de Olga Sánchez Cordero presentan. A esta última se le olvidó reportar un Pen House en Houston con un valor superior a los 11 millones de pesos. Se podrá argumentar que se detuvieron personajes como Emilio Lozoya o Rosario Robles, o que se cobraron más de 30 mil millones de pesos a grandes empresas que no habían pagado impuestos. En todo caso parece más una justicia selectiva que una justicia a secas. Y perdón señor presidente, pero eso ya lo hemos visto en gobiernos anteriores. Javier Duarte y Guillermo Padrés son casos paradigmáticos. En todos los casos de potencial corrupción dentro de su gobierno usted decidió mirar hacia otro lado y acusar a los conservadores por intentar descolocar a su administración.
A pesar de que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019 y de los 50 lineamientos hechos por usted tras las elecciones de 2018 se estableció que los contratos de obra del gobierno se llevarían a cabo a través de licitaciones públicas y con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU, este gobierno, el suyo, es el que más adjudicaciones directas a hecho, las cuales equivalen a poco más de 324 mil millones de pesos entre 2019 y 2020. Todos estos son datos de su propio gobierno.
Y qué decir de su actuación frente a la pandemia. Obviamente no se le puede acusar a usted por la aparición del COVID-19, pero sí por su frialdad frente a las enormes dificultades económicas de la gente. Su obsesión por mantener un superávit fiscal primario en tiempos de pandemia me hace pensar que es mas neoliberal de lo que jamás pude haber imaginado. En tiempos normales sería más que aplaudible una política fiscal rígida, pero durante la pandemia más grande de los últimos cien años se pensaría que los gobiernos de izquierda aumentarían su gasto social y aplicarían políticas contra cíclicas. No en su caso. Su superávit fiscal lo llevó a gastarse fondos acumulados por años, como el Fondo de Estabilidad de los Ingresos Presupuestales, de cuyos 290 mil millones de pesos no queda casi nada. Le doy por bueno el argumento que ocupan en su gobierno para explicar las dificultades que el sistema de salud tiene para atender a la población: “los gobiernos neoliberales desarmaron el sistema de salud pública”, pero como por qué reducir el presupuesto de la Secretaría de Salud en mil 244 millones de pesos para 2021, en plena pandemia. Honestamente no le entiendo.
El trato a los migrantes es el que más dolor me ha causado. Un gobierno de izquierda simplemente no podría perseguir a migrantes como meros delincuentes. Su único delito ha sido huir de la pobreza y la delincuencia homicida en las que les tocó nacer. A pesar de los múltiples discursos nacionalistas con los que le gusta ensalzar su narrativa, frente a Trump ni tuvo mano firme, ni fue humanista, ni protegió a los menos favorecidos. Enseguida Trump amenazó con aumentos arancelarios, usted cedió con el famoso acuerdo del 7 de junio de 2019 que, si bien incluía todo un repertorio de buenas prácticas binacionales, en los hechos se redujo a hacer de México un “tercer país seguro” que, por cierto, decidió perseguir a migrantes. En solo 3 meses (junio-septiembre de 2019), su gobierno desplegó 25 mil tropas de la Guardia Nacional que detuvieron a alrededor de 81 mil migrantes en tiempo récord, 35 mil más que en el mismo periodo, pero de 2018. Además, en esos tres meses movilizó a alrededor de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para que patrullaran la frontera sur de México con Guatemala y a 15 mil guardias más para hacer la misma labor en la frontera norte.
El uso discrecional del presupuesto no tiene parangón. Logró crear la Ley de Austeridad Republicana, reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y publicó el decreto/iniciativa en el que se establecen medidas adicionales de austeridad en momentos de crisis económica. Estas modificaciones le permiten modificar el presupuesto después de que este fue aprobado por el Congreso (cosa que no es nueva, pero se agudizó), dirigir los subejercicios de cualquier dependencia a donde le plazca y hacerse con el control absoluto del presupuesto.
El último gesto que encontré verdaderamente fuera de lugar fue el que hizo al desechar, casi de inmediato, el tema relativo al desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Ahí no había a quién culpar. El gobierno actual de la capital es de su protegida y si se echa un vistazo hacia atrás encontramos puros gobiernos de izquierda. Y aunque Marcelo Ebrard haya dado la cara diciendo que se enfrentará a las investigaciones pertinentes, al menos 25 personas murieron en el accidente y decenas de personas sufrieron lesiones que en muchos casos son irreparables. En ningún país los trenes deberían caerse solos.
Sé que usted no dará respuesta a un mero ciudadano que cuestiona a su gobierno (por el que votó), pero si algún lector puede explicarme qué hace a este gobierno uno de izquierda, quedaré muy agradecido, porque lo que yo observo es que tenemos un gasto social más pequeño que el de EPN, una militarización hiper agudizada, uno de los menores gastos comparativos para paliar el impacto de la pandemia, una resistencia a hablar y regular las drogas y establecer postura frente a la despenalización del aborto y la eutanasia. Tenemos el máximo histórico de homicidios dolosos, se ignora a la feministas y su causa, se ha reportado el máximo histórico de adjudicaciones directas, no se ha planteado una reforma fiscal progresiva y se persigue a los migrantes peor que a los criminales. Si me equivoco en mi apreciación, por favor explíqueme la verdad, pero no con los otros datos que salen de la oscuridad.
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[1] Hall, A. R. y Coyne, C. J. (2013). “The Militarization of U. S. Domestic Policing”, The Independent Review, 17(4), 485-504.
[2] Observatorio de la Guardia Nacional. Integración: la danza de loso números. Disponible en: https://tinyurl.com/y6aztvjj
[3] Acuerdo. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
[4] Presupuesto de Egresos de la Federación 2012-2020. Disponible en: https://www.pef.hacienda.gob.mx/
[5] Acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/Acc_Inc_2016_64.pdf
[6] El Universal. Militarizar México: AMLO y su cambio de discurso en 10 años. Mayo de 2020. Disponible en: https://tinyurl.com/y6lnxe3y
