Sería una mentira decir que la política es la actividad preferida de los ciudadanos, o que los electores son activos individuos en constante búsqueda por información que les permita formar un criterio con el cuál decidir por quiénes votar en las elecciones, pero también sería una gran mentira asegurar que los partidos y los políticos, al menos en México, están muy interesados en entender los retos públicos y buscar soluciones sensatas a los mismos. De hecho, los partidos han hecho un arduo trabajo para ser cada vez menos atractivos para los ciudadanos, y no me refiero a algunos partidos, sino a la generalidad de ellos. A pesar de eso, el 6 de junio los ciudadanos seremos llamados a votar para elegir, en el terreno nacional, a las y los diputados que definirán las leyes con las que habremos de “regirnos”, por lo menos, los siguientes tres años.
En este contexto de poca emotividad cívica existe un amplio sector del electorado que se siente abandonado y desilusionado por las opciones que se le presentan. No quiere refrendar la torpeza administrativa de la 4T, pero tampoco validar los abusos del pasado. Es así como, tras una derrota sin precedentes en 2018, los partidos de oposición les han llamado a activar el voto útil, es decir a que los ciudadanos inconformes con MORENA voten por la opción que le puede ganar, sin importar qué tanto les guste, sus antecedentes o, lo más importante, sus propuestas. Como en elecciones anteriores, la oposición levanta la voz para detener la destrucción de la democracia mexicana, esa que ellos dicen haber construido. Pero no dicen mucho sobre el tipo de democracia que se tenía ni sobre la manera en la que la defenderán si le quitan la mayoría al presidente. Por el otro lado, el oficialismo tiene su narrativa clara: “no dejemos que los corruptos del pasado detengan la cuarta transformación, que más que transformación parece extensión de los gobiernos pasados.
El PRI-AN-RD alerta, ya desde hace tiempo, del temple autoritario del residente de Palacio, pero no solo ellos, también medios de comunicación (muchos de ellos independientes), intelectuales, académicos y analistas. Para quienes se han tomado en serio la responsabilidad de ejercer como fiscalizadores del gobierno, parece claro que los militares no se fueron, sino que se quedaron (y con más poder), que la corrupción no se terminó, que la desigualdad y la pobreza empeoraron y que la enorme transformación anunciada ni es enorme ni es una transformación.
El espacio en esta columna no permite abordar cada uno de estos indicadores, pero para muestra un botón. Es plausible que el proceso de militarización se acentuó de manera vertiginosa, las Fuerzas Armadas nunca contaron con más recursos (401 mil 373 millones aprobados entre 2019 y 2021 frente a los 235 mil 473 millones de los últimos tres años de Peña Nieto), con más posiciones civiles (al menos 55 según el conteo de la organización Causa en Común) y con más actividades fuera del ámbito de la defensa nacional (por lo menos 43, entre las que sobresalen la construcción del Tren Maya y de Aeropuertos, la repartición de programas sociales y el control de puertos y aduanas). Aceptando eso, no es más que puro cinismo escuchar a la coalición opositora, con el PAN a la cabeza, decir que es momento de poner un alto al militarismo mexicano. ¿En serio? Se les olvidó quién agudizó la militarización del país.
Pretenden convencer a los indecisos con un desplegado de propuestas generalistas que incluyen: defender el estado de derecho, activar el federalismo, defender la separación de poderes y proteger los órganos constitucionalmente autónomos. Así tal cual, como si su pasado no los desnudara. Los niveles de impunidad en los gobiernos anteriores (al igual que en este) rondaron el 100%, los escándalos de corrupción y la justicia selectiva se convirtieron en historia nacional, el federalismo que ejercieron era más bien un conjunto de virreinatos todos poderosos y sin límites legales y el respeto a la separación de poderes, concretamente al Poder Judicial, no era más que una simulación, ¿o ya se les olvidó el nombramiento de Medina Mora, el cuate de Peña? Con todo y esto, muchos llaman a votar por la oposición solo porque sí, sin que nada más importe, porque el objetivo es detener al Peje en su empresa autoritaria. Es decir, a los votantes extraviados se les pide un cheque en blanco, en lugar de que se les ofrezca una alternativa. El PRI-AN-RD ni siquiera está dispuesto a ofrecerle al electorado una plataforma clara, atractiva, realista y concreta que se aleje de las obviedades bien conocidas. Los impulsores de la alianza opositora se limitan a describir las amenazas del presente pero no establecen posturas frente a los grandes temas nacionales: ¿en caso de regresar al poder, detendrán la militarización que iniciaron, combatirán la corrupción que los caracterizó, les pondrán límites a los gobernadores, no invadirán de cuotas y cuates a los órganos constitucionalmente autónomos y al Poder Judicial? Bueno, la respuesta es tautológica y en el vacío, subestimado, se mantiene vigente el votante extraviado.
Abayubá Duché García
Investigador y docente universitario
Cuenta con experiencia laboral en el sector de la sociedad civil organizada en México y Estados Unidos, donde se ha desempeñado en posiciones directivas. Es licenciado en ciencias de la comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se especializó en Liderazgo, política pública y sociedad civil en The Washington Center en Washington D.C., realizó estudios de posgrado en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública en el Instituto Atlántico de Gobierno con sede en Madrid, así como en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Actualmente realiza estudios doctorales en ciencias sociales y políticas en la FLACSO México.
